Durante la presentación, en la que también participaron el presidente de aDeSe, Alberto González y el secretario general, Carlos Iglesias, ambas asociaciones lamentaron el papel que ocupa España en el panorama internacional al situarse entre los cinco países que más piratean del mundo.

En el último informe elaborado por la Oficina para la Defensa de los intereses Comerciales Norteamericanos “Special 301 Report”, se hace especial referencia a nuestro país, no sólo por el escaso sentido de responsabilidad entre los consumidores españoles, sino además por la falta de regulación existente para la protección de la industria cultural.

El mercado del videojuego en España no está exento de esta problemática. De hecho, el volumen de descargas ilegales de videojuegos es creciente. Según el primer Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales en España, que hace referencia a los últimos seis meses de 2009, la tasa de piratería en media ponderada en nuestro sector es del 52,3%. Este porcentaje es menor que el dato de consumo ilegal medio en todos los sectores analizados (76%), pero aún así supone pérdidas irreparables que hacen mella en la industria.

Al margen de la actual crisis económica, el balance económico anual se ha visto negativamente afectado por la piratería. En relación al 2008, el consumo total de la industria española de videojuegos en 2009 (1.200m€) sufrió un descenso del 16%. Así lo ha manifestado el presidente de aDeSe, Alberto González “Aunque seguimos manteniendo el liderazgo en el sector del ocio audiovisual, la industria se encuentra preocupada al constatar el peso que la piratería está tomando. Se hace cada vez más urgente la aprobación de la LESS para frenar su incidencia porque los niveles de descargas ilegales son insostenibles”.

Analizando los motivos que han llevado a este descenso en el volumen de facturación, el secretario general de aDeSe, Carlos Iglesias, se ha referido a la relación directa con la piratería. Tal y como, ha manifestado Iglesias, según un estudio realizado por ESA (Entertainment Software Association) que analiza las conductas delictivas online en 238 países, en los últimos seis meses de 2009, en España se realizaron mensualmente una media de 1.068.000 descargas ilegales de software. Además, destaca que esta situación aumenta progresivamente. “España, pese a ser 7 veces más pequeña que EEUU en número de habitantes, duplica su volumen de descargas ilegales”.

Las consecuencias de esta tendencia son múltiples. En primer lugar, la existencia de este mercado ilegal hace estragos en la Hacienda Pública española, ya que reduce los ingresos reales que el Estado debería percibir por los impuestos derivados del consumo legal, y por lo tanto, aumenta el déficit público. Además, tiene efectos directos en el usuario, ya que la industria se ve obligada a reducir el número de lanzamientos en las plataformas más “crackeadas” para garantizar la rentabilidad de sus inversiones. Y por supuesto, afecta negativamente a la capacidad económica de la industria, limitando su capacidad generadora de empleo.

En relación a los métodos de piratería en Internet, según el informe del Observatorio, el 80% de los encuestados reconoce utilizar el P2P, y hasta el 43% los sistemas de descarga directa, que son especialmente utilizados para descargas de videojuegos por permitir el cruce de archivos de mayor peso.

Ante este contexto, la propuesta de la industria del videojuego es la siguiente:

Aprobación en el Congreso de las medidas contenidas en la Disposición final segunda de la ley de Economía Sostenible

Incorporar medidas de autorregulación.

Desarrollar campañas de sensibilización social.

Modificación de la Circular 1/2006 del Fiscal General del Estado.

Como punto positivo, es relevante un dato recogido por el Observatorio sobre la intención de consumo de los españoles si la legislación española frenara la piratería digital online y promoviera un mercado eficiente de contenidos legales: Si hubiera una normativa eficaz contra la piratería, el 50% de los usuarios que llevan a cabo descargas ilegales dejarían de hacerlo, y estarían dispuestos a pagar por contenidos en la red.