Por lo tanto y como medida inicial, ya que los abogados de la compañía estudian medidas más contundentes que llevar a los tribunales si estas no prosperan, Sony ha optado por denunciar a los hackers relacionados en la vulneración de la ley digital del país, la Ley de Fraude y Abuso, diferentes infracciones de derechos de autor y actos de mala conducta binaria.

SCEA también solicita que se investigue al grupo por beneficiarse de forma ilegal de las vulneraciones, pues según aseguran los abogados de Sony el responsable del grupo ha recibido ingresos mediante una cuenta PayPal.

La medida presentada por SCEA al tribunal californiano es más una medida de presión que una demanda judicial al uso, ya que únicamente exige que tanto el grupo de piratas como el resto de implicados dejen de distribuir y promover la tecnología que permite la vulneración de la seguridad de la consola y la firma de contenidos protegidos por derechos de autor. Además de la confiscación de los ordenadores, discos duros y soportes de almacenamiento USB de los implicados y demandar la total eliminación del grupo de la red y de sus páginas web anexas. Dado que el proceso está enmarcado en la jurisdicción norteamericana, muchos de los acusados pueden no verse implicados si residen oficialmente fuera del país, aunque las autoridades del país han confirmado que el cabecilla del grupo reside en territorio estadounidense.